La Organización
Pericial #investisan, 🇨🇴en cooperación de información de
pronunciamientos de la corte suprema dejusticia Sala de Casación Laboral, decisión acción de tutela No. 11001020500020260159100,
de fecha 12 de junio de 2026, Accionante: Abelardo de la Espriella Accionados
/ vinculados: Autoridad judicial que profirió la restricción y terceros
relacionados con la controversia electoral sobre el caso
que surgió a raíz de la controversia
jurídica generada por la utilización de la bandera de Colombia y de expresiones
como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria” dentro de la campaña
presidencial de Abelardo de la Espriella. La discusión se centró en determinar
si el uso de estos símbolos patrios dentro de propaganda electoral constituía
una vulneración al ordenamiento jurídico o, por el contrario, estaba amparado
por garantías constitucionales.
En una decisión
inicial, una autoridad judicial ordenó restringir el uso de tales elementos
simbólicos al considerar que podían generar confusión entre los emblemas
oficiales del Estado y la identidad gráfica de una campaña política. Bajo esa
óptica, se buscaba proteger el carácter institucional y neutral de los símbolos
patrios.
No obstante, el
asunto llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de
Justicia mediante acción de tutela, donde se evaluó si dicha restricción
afectaba derechos fundamentales del candidato y de su movimiento político.
La Corte realizó un
análisis desde la perspectiva constitucional, especialmente a la luz de los
derechos a la libertad de expresión, participación política, debido proceso y
pluralismo democrático. El punto central del estudio consistió en establecer si
la orden de prohibición cumplía con criterios de legalidad, proporcionalidad y
motivación suficiente.
Uno de los
principales argumentos de la Corte fue que la medida restrictiva presentaba un
problema de indeterminación. Es decir, la orden judicial no identificaba de
manera precisa cuáles piezas publicitarias concretas resultaban presuntamente
ilegales, sino que imponía una prohibición general sobre el uso de la bandera y
determinadas frases patrióticas. Para la Corte, esta amplitud generaba
inseguridad jurídica y abría la puerta a una limitación excesiva del discurso
político.
La Corte resaltó
que en un sistema democrático el discurso electoral goza de una protección
reforzada, debido a que constituye una manifestación directa del debate
público. En ese contexto, cualquier restricción estatal sobre propaganda
política debe superar un examen estricto de constitucionalidad, evitando
especialmente mecanismos de censura previa.
Otro elemento
relevante fue que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había registrado el logo
símbolo y el eslogan de campaña, lo cual fue considerado un indicio importante
de legalidad. Aunque este registro no elimina cualquier eventual control
posterior, sí debilita la justificación de una prohibición inmediata y
generalizada.
En consecuencia, la
Corte concluyó que la restricción impuesta no estaba suficientemente motivada
ni delimitada. Por ello, concedió la tutela y suspendió los efectos de la orden
que impedía utilizar la bandera nacional y los lemas cuestionados, permitiendo
provisionalmente su uso mientras se resuelve de fondo la controversia.
Desde una
perspectiva jurídica, este caso reafirma un principio esencial del
constitucionalismo colombiano: los símbolos patrios representan a la Nación y
pertenecen a todos los ciudadanos, no exclusivamente al Estado. Su uso dentro
del debate político puede generar discusión, pero cualquier limitación debe
fundarse en criterios claros, objetivos y estrictamente necesarios.
En conclusión, el
pronunciamiento de la Corte Suprema fortaleció la protección de la libertad
política y recordó que, en democracia, las restricciones al discurso electoral
deben ser excepcionales, específicas y plenamente justificadas, de modo que no
se conviertan en instrumentos de censura o exclusión del debate público.
Comprometidos con
la justicia, la democracia y el fortalecimiento institucional de Colombia,
damos nuestro aporte en seguir laborando como peritos colaboradores en la función judicial, en el periodo de
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